El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este jueves la multa de 1.060 millones de euros impuesta en 2009 al fabricante de microprocesadores estadounidense Intel por la Comisión Europea por incumplir las reglas de competencia.
Intel, que controlaba al menos el 70% del mercado de procesadores x86 en la Unión Europea (UE), estaba acusado de haber abusado de su posición dominante entre 2002 y 2007 al implementar una estrategia destinada a excluir del mercado a su único competidor serio, AMD.
El abuso, según la Comisión, consistía en aplicar descuentos destinados a los fabricantes de computadoras como Dell, Lenovo, HP o NEC para que adquieran a Intel la casi totalidad de sus procesadores. Intel estaba también acusado de haber pagado a sus clientes para que atrasen o anulen el lanzamiento de productos equipados con procesadores AMD.
Intel había apelado la decisión del TJUE pidiendo la anulación o al menos una reducción sustancial de la multa.
El tribunal rechazó el recurso y confirmó este jueves la decisión de la Comisión, tanto en la forma como en el monto de la penalidad.
Los descuentos acordados por Intel son "descuentos por exclusividad" que, "cuando son concedidos por una empresa en posición dominante, son incompatibles con el objetivo de conseguir una competencia no distorsionada en el mercado común", señala.
En cuanto a los pagos de Intel a sus clientes para retrasar o cancelar la comercialización de productos equipados con procesadores AMD, éstos prueban que la empresa perseguía un objetivo contrario a las reglas de competencia.
En efecto, "el único interés que puede tener una empresa en posición dominante para impedir específicamente la comercialización de productos equipados con un producto de un competidor determinado es perjudicar a ese competidor", estima el tribunal.
Sobre el monto de la multa, el TJUE estima que "ninguna de las alegaciones formuladas por Intel permite concluir que la multa impuesta sea desproporcionada" ya que la multa, equivalente al 4,15% del volumen de negocios anual de la empresa, se sitúa "muy por debajo del límite establecido del 10%" previsto para los casos de abuso de posición dominante.
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